De todos es conocido que en 2010 volverán los residuos radiactivos españoles que actualmente están en reproceso en Francia. Si el uno de enero de 2011 no pudieran volver, todos los contribuyentes enfrentaríamos una deuda millonaria que se volvería más y más insostenible cada día. Frente a este hecho hay distintas posturas.

El Parlamento encargó a la empresa pública ENRESA, dedicada a la gestión de residuos radiactivos, la construcción de un ATC, un almacen de superficie dedicado a procesar de forma segura estos residuos de alta intensidad. Un centro además cuyo proyecto incorpora un centro científico tecnológico que sería puntero.

Los dirigentes ecologistas, como Francisco Castejón, aseguran a quien quiera escucharles que están dispuestos a debatir y dialogar la mejor forma de gestionarlos, porque entienden que es una cuestión de estado, pero que antes de hacerlo el gobierno debería sentar las bases para que no se produzcan más, esto es, establecer un calendario de cierre de las centrales nucleares.

Se podrá estar de acuerdo o no, pero no se puede negar que la posición ecologista es de entrada sensata y tiene en cuenta los intereses nacionales. No cabe mirar a otro lado. Hace falta una política de gestión de residuos, no sólo por las multas que nos esperan en 2010, sino porque es estratégico para el país.

Sin ir más lejos, de mantenerse la inacción actual, se verían comprometidos proyectos clave del I+D español como la candidatura española a la sede de la fuente europea de neutrones por espalación. Nombre esotérico para un proyecto que duplicaría por si mismo el volumen del I+D en el País Vasco y que convertiría a Bilbao en la segunda capital de la ciencia experimental europea tras el CERN.

Pero, si hay un mandato del Parlamento para construir un ATC, si los ecologistas están dispuestos a dialogar y entienden que es cuestión de estado y además se ha abierto un proceso de información y candidaturas… ¿a cuenta de qué el pesimismo?

En primer lugar porque la falta de una clarificación sobre el futuro de la energía nuclear en nuestro país está paralizando todo lo que se relaciona con ella: mantiene a la industria en tensión, a los ecologistas a la defensiva y al Ministerio de Industria en la parálisis. Una inderfinición que pende directamente de Moncloa y que fue recordada al Presidente en el último debate sobre el estado de la nación por el diputado Joan Herrera. El Presidente manifestó entonces su voluntad de establecer un calendario de cierre de las nucleares en esta legislatura. Un calendario que los agentes siguen esperando. De hecho, en su última conferencia en el Foro Nueva Economía, el sr Rodríguez Zapatero aseguró que mantendría la moratoria nuclear durante este mandato. Unas declaraciones que se interpretaron como una puerta abierta a un cambio de posición en las próximas elecciones. Es decir, el Presidente del Gobierno parece haber optado por mantener la incertidumbre hasta el último momento. Algo que no ayuda precisamente a generar consensos, ya que sin un marco claro de la estrategia y posiciones del ejecutivo, tanto los empresarios como los medioambientalistas mantendrán sus objetivos máximos. En incertidumbre, el primero que ceda pierde influencia. Y así, obviamente, se negocia mal.

Lógica pero irrazonablemente, en este marco de indecisiones, el ATC también empieza a diluirse. No olvidemos que incluso si cesaran actividad las actuales centrales, sería igualmente perentoria la necesidad de encontrar un emplazamiento para el combustible gastado y los materiales comprometidos.

En segundo lugar, porque los calendarios del ATC se han establecido sin tener en cuenta el proceso político y según está establecido a día de hoy, la presentación de candidaturas debería coincidir con la precampaña electoral municipal. En principio eso podría permitir a los candidatos incluir en su plan de desarrollo y en su proyecto de ciudad o pueblo un debate sobre la conveniencia de albergar un ATC o no… pero después de la experiencia del pueblo zamorano de Peque, donde el alcalde se vió perseguido y amenazado por sus vecinos por pedir información al Ministerio, quedó claro que el proceso informativo estaba teniendo un perfil tan bajo, tan discreto, que era completamente inutil. Es más, quedó claro a los representantes políticos que cualquier decisión local debería partir de un consenso informado, transparente y previo entre los agentes sociales de la localidad o nunca podría salir adelante.

Personalmente creo que una campaña electoral -y he participado activamente en alguna- no es el contexto ideal para establecer ningún tipo de consenso estratégico. Más bien al contrario. Y más aún en el actual estado del debate partidario en España. Sin embargo, el Ministerio de Industria cerrará el 28 de febrero el periodo informativo para los municipios. ¿No merecería la pena prorrogar ese plazo y liberar del debate electoral local lo que debería ser una cuestión de estado? Paradójicamente así lo manifiesta en privado más de un dirigente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y tal vez el problema sea que nadie les pregunta públicamente. Ni siquiera el Ministerio.