2. (Viene del post anterior) Tenemos que contar en una frase la noticia, en dos por qué el reglamento tiene que ser retirado o modificado. En cuatro cual sería el coste para cada uno de nosotros de que no lo fuera y en una última frase dar una sugerencia de acción. Un ejemplo podría ser:
   

   Di no a la traza privada sin control judicial
   El pasado 1 de junio se aprobó por Decreto Ley un reglamento que permite que un agente, sin autorización ni tutela judicial pueda “trazar” todas tus comunicaciones electrónicas privadas.

   La “traza privada” es el rastro que dejan tus comunicaciones electrónicas personales. Sabiendo quien te envía o recibe mails o peticiones de chat tuyos, cuando y desde dónde, se pueden aproximar tus afinidades políticas, sentimentales, sexuales, religiosas e incluso tus aspiraciones profesionales.

   Se trata de información personal, de datos que describen tu intimidad, cuya captura y utilización debería estar garantizada por la tutela judicial. Sin que puedas impugnarlo, sin que un juez lo controle, probablemente sin que tú ni el juez podáis llegar a saberlo, información personal sensible, que merece la máxima protección, podría estar al acceso de personas cuyas buenas intenciones no tienes por qué presuponer. El que personas al servicio del estado puedan sin autorización judicial interceptar y procesar tus comunicaciones supone un enervamiento sin precedentes del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, garantizado en el apartado 3 del artículo 18 de la Constitución.

3. Destinatarios de la acción

   La “sugerencia de acción”, sobre todo en una campaña exclusivamente online, requiere sin embargo una reflexión previa y más profunda: ¿A quién mostraremos nuestro descontento, a quién trataremos de convencer con nuestros argumentos? ¿Qué pretendemos de la institución a la que nos dirijamos?

   Esto es importante porque se trata de plantearnos siempre objetivos alcanzables. Pedir lo imposible sería una burla al esfuerzo de los que se movilicen y abriría el camino de la desmoralización posterior. Una campaña online de mails al Ministro del ramo por ejemplo difícilmente llevaría a la retirada del proyecto. Una oleada de mails al Tribunal Supremo (que actualmente tiene que estudiar la legalidad del Reglamento) tampoco debería influirle (y si le influye es que algo anda mal en nuestro poder judicial, lo que sería casi peor).

   Por otro lado el reglamento ya está fuera del Parlamento, con lo que hacer lobby sobre los diputados enviándoles información y valoraciones expertas sobre las consecuencias de la ley, difícilmente daría resultados.

   ¿Qué nos queda? El Defensor del Pueblo, que además acepta escritos online. Nuestra campaña bien podría centrarse en interesar al Defensor del Pueblo en los problemas que para los derechos fundamentales supondría éste reglamento. Las acciones de los comunes en red se harían así complementarias a las institucionales de la Asociación de Internautas frente al Tribunal Supremo, basadas sobre todo en cuestiones formales.

   En el siguiente paso construiremos las herramientas para que las personas puedan sumarse por si mismas a la acción: un escrito tipo, un buen “manual del proceso” de presentación de quejas en el Defensor del Pueblo y elementos gráficos para que inviten a otros a sumarse por su cuenta a la campaña.

Continúa en el siguiente post