Un ejemplo más de cómo las patentes farmaceúticas, lejos de fomentar la innovación, sirven tan sólo para generar rentas extraordinarias a las grandes multinacionales a costa de la cohesión social.
Tras unos días fuera puedo por fin leer todo el correo acumulado. Paco Andersch me envía desde Cádiz un enlace a Página 12 con un caso nada excepcional sobre como los laboratorios utilizan los privilegios de patente, incluso cuando están caducadas, para rapiñar beneficios extraordinarios a costa de la cohesión y el bienestar social:
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud llamó a licitación para la compra de didanosina, un antirretroviral que actualmente consumen 1800 pacientes con VIH. Sólo se presentó un laboratorio, el Richmond. Pero la empresa Bristol Myers Squibb, que había sido titular de la patente de la droga, ya vencida internacionalmente, tenía en vigencia en la Argentina una patente sobre el recubrimiento de protección digestiva que presentan los comprimidos: la multinacional presentó una demanda por violación de patente y exigió que la Justicia prohibiera la fabricación y venta del producto.
Lo cual me reafirma cada vez más en los argumentos devolucionistas.


Hoy en Radio Praga me llevo una tremenda sorpresa. 